La Procuraduría confirmó una suspensión disciplinaria contra un profesor universitario que también ejerció como concejal y recibió doble asignación pública. El fallo precisa que la buena fe y la consulta de una obra doctrinal no bastan para configurar error invencible cuando la prohibición constitucional y legal era clara.
La Procuraduría confirmó que un docente de tiempo completo de universidad pública no queda por fuera del régimen disciplinario por la autonomía universitaria. Si además ejerce la abogacía en causa ajena, la incompatibilidad compromete el deber funcional y puede justificar destitución e inhabilidad.
La Procuraduría confirmó la sanción a un gerente hospitalario que contrató sin verificar una inhabilidad por parentesco. El caso muestra que la buena fe del ordenador del gasto exige diligencia activa, no simple confianza en la declaración del contratista.
La Procuraduria confirmo multa contra un Secretario de Salud que suscribio un contrato con un servidor publico inhabilitado. El fallo precisa que la intervencion de asesores no elimina el deber funcional de cuidado del ordenador del gasto.
La Procuraduría archivó una investigación contra funcionarios de Chiriguaná por la suscripción de un contrato directo de servicios profesionales SST. El Auto recuerda que exigir un perfil profesional específico no prueba por sí solo direccionamiento cuando los estudios previos justifican la necesidad y no hay evidencia de falta disciplinaria.
La Procuraduría Auxiliar precisó que la indagación previa no se limita a identificar o individualizar al posible autor de una falta disciplinaria. También puede servir para verificar la existencia del hecho, su relevancia disciplinaria y la suficiencia fáctica antes de abrir investigación.
La Procuraduria archivo una indagacion contra servidores de COLPENSIONES porque la prueba demostro que la entidad pago los honorarios ordenados por tutela a la Junta Regional de Calificacion de Invalidez del Magdalena. El caso diferencia la compulsa de copias por presunto desacato de la existencia real de un hecho disciplinariamente reprochable.
La Viceprocuraduría confirmó el archivo de una indagación previa contra servidores por determinar de la Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar. La decisión distingue entre permitir el acceso operativo de un contratista al almacén y delegarle funciones públicas, y recuerda que la indagación exige hechos determinados, sujeto disciplinable y posible afectación funcional.
La Procuraduría absolvió a un coordinador de la Registraduría porque, aunque la frase reprochada en una capacitación quedó probada, no se acreditó la norma funcional transgredida. El caso muestra que la tipicidad disciplinaria exige algo más que prueba del hecho: requiere subsunción normativa concreta.
La CNDJ confirmó el archivo disciplinario contra un juez y un secretario por la terminación de un proceso de pertenencia mediante desistimiento tácito. La providencia precisa que la queja disciplinaria no puede reemplazar recursos procesales omitidos ni convertir a la autoridad disciplinaria en una tercera instancia.
