Ejercer como diputada pese a una inhabilidad: condena penal, dolo y favorabilidad

La extinción de una pena no equivale necesariamente a la desaparición de la inhabilidad para ejercer un cargo público. En un fallo de segunda instancia del 23 de julio de 2004, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución de una diputada de Cundinamarca y su inhabilidad general por diez años. La decisión articuló tres cuestiones: la subsistencia del impedimento derivado de una condena penal, la relación entre el régimen especial y el general de inhabilidades, y la acreditación del dolo.

El ejercicio del cargo como conducta reprochada

GELEN ALCIRA PULGARÍN GONZÁLEZ había sido condenada por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Bogotá por falsedad en documento privado. La providencia disciplinaria identifica reiteradamente la sentencia como del 29 de junio de 1999 y registra una pena principal de ocho meses de prisión, acompañada de interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo lapso. Posteriormente fue elegida diputada para el período 2004–2007 y ejerció funciones en la Asamblea de Cundinamarca.

El punto decisivo no fue la sola presentación de su candidatura. La Sala delimitó el reproche en el ejercicio del cargo pese a la existencia de una inhabilidad. Esta precisión permite comprender la relación entre el régimen de acceso a la función pública y la responsabilidad por actuar como servidora pública: aunque comparten antecedentes, no se confunden la controversia electoral, la pérdida de investidura y el juicio disciplinario.

La defensora controvirtió tanto la existencia y el alcance temporal de la inhabilidad como la imputación subjetiva. Sostuvo que la redacción normativa había permitido interpretaciones diferentes y que la disciplinada había consultado a abogados antes de actuar. También propuso aplicar por favorabilidad el régimen general de la Ley 734 de 2002. La Sala examinó estas objeciones, pero no encontró razones para revocar la sanción.

La condena y la subsistencia de la inhabilidad

La decisión relacionó el numeral 1 del artículo 33 de la Ley 617 de 2000 con el artículo 299 de la Constitución y con el numeral 17 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. La primera disposición contenía la inhabilidad especial; la última describía como falta gravísima actuar pese a la existencia de causales de inhabilidad, de acuerdo con las previsiones constitucionales y legales. El antecedente penal y la actuación funcional cumplían así papeles diferentes dentro del razonamiento.

La defensa destacó que la disposición aplicable a los diputados no incluía la expresión temporal utilizada en otras regulaciones. La Sala rechazó que esa diferencia permitiera desconocer la condena anterior. Interpretó el régimen de manera sistemática con el mandato constitucional que impedía hacerlo menos estricto que el de los congresistas, en lo correspondiente, y explicó que la restricción ya tenía antecedentes normativos anteriores a la Ley 617 de 2000.

El fallo también registró que el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá había decretado la extinción de la condena el 8 de marzo de 2004. Para la Sala, esa determinación no extinguía la inhabilidad: una cosa era el cumplimiento o la extinción de la consecuencia penal y otra el antecedente que el ordenamiento tomaba como impedimento para acceder al cargo. La finalidad atribuida a esta restricción era proteger la idoneidad del servicio, no imponer de nuevo la pena ya extinguida.

Por qué el régimen general no desplazó al especial

La tesis defensiva planteaba una comparación entre normas coexistentes. Si el artículo 38 de la Ley 734 de 2002 establecía condiciones más favorables para ciertas inhabilidades, debía preferirse frente al régimen de la Ley 617 de 2000. Según la apelante, la incorporación de las inhabilidades al Código Disciplinario permitía tratarlas como disposiciones de igual especialidad.

La respuesta de la Sala descansó en una distinción: incorporar no significa transformar el origen ni eliminar la especialidad de la norma incorporada. El artículo 36 reunía las inhabilidades constitucionales y legales para efectos disciplinarios, pero no convertía el régimen propio de los diputados en una regulación indistinguible del régimen general. Por ello, la Sala no encontró el conflicto normativo que la defensa proponía resolver mediante favorabilidad.

Tampoco aceptó una derogatoria tácita. La posterioridad del artículo 38 no bastaba para suprimir la prohibición especial, pues las disposiciones podían coexistir. En la lectura del fallo, el régimen general agregaba supuestos de inhabilidad sin borrar los previamente incorporados. La consecuencia editorial debe formularse con precisión: la decisión rechazó ese desplazamiento en el caso estudiado, no la aplicación del principio de favorabilidad en cualquier discusión disciplinaria.

Tipicidad, dolo y error invencible

La Sala distinguió la descripción de la falta y la culpabilidad. Indicó que el numeral 17 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 no contenía el ingrediente subjetivo que sí aparecía en la formulación anterior de la Ley 200 de 1995. Esa diferencia no autorizaba responsabilidad objetiva: el conocimiento y la voluntad debían valorarse en el juicio de culpabilidad.

Las consultas jurídicas eran relevantes precisamente para este segundo examen. La defensa las presentó como evidencia de buena fe y de ausencia de dolo. La Sala, en cambio, valoró el contenido de las declaraciones y consideró que la disciplinada había conocido la posición judicial contraria a sus intereses. También tomó en cuenta sus estudios de derecho y el conocimiento de la condena. A partir de esas circunstancias concluyó que el ejercicio del cargo había sido consciente y voluntario.

Aunque la apelación no invocó expresamente la causal de error invencible, la Sala la examinó a partir de los argumentos presentados. La descartó porque no encontró una convicción errada e insuperable acerca de la licitud de la conducta. La enseñanza del caso no consiste en afirmar que consultar a un abogado nunca tiene valor exculpatorio: exige establecer qué información se recibió, qué podía comprender la persona y por qué el eventual error era o no superable.

La confirmación y los límites de la lectura

La Sala confirmó la falta gravísima dolosa y la sanción de destitución e inhabilidad general por diez años, contados desde la ejecutoria. No mantuvo como fundamento autónomo algunas imputaciones adicionales de deberes y prohibiciones, pero consideró que ello no modificaba la adecuación central de la conducta ni la sanción.

La fuente exige una cautela documental: el encabezado y la queja mencionan el 1º de enero de 2004, mientras que las consideraciones sitúan la posesión el 31 de diciembre de 2003. Asimismo, un pasaje sobre transición alude a agosto de 1999, aunque la condena se identifica reiteradamente como del 29 de junio de ese año. Estas divergencias se conservan como salvedades y no se resuelven mediante una corrección editorial de los hechos.

En conclusión, el fallo sostuvo tres juicios diferenciados: la subsistencia de la inhabilidad especial, su infracción mediante el ejercicio del cargo y la culpabilidad acreditada en las circunstancias examinadas. Esta lectura corresponde a una decisión de 2004 bajo el marco normativo que aplicó la Sala; no supone una verificación de vigencia actual ni permite trasladar automáticamente sus conclusiones a otro caso.

Referencia: Procuraduría General de la Nación, Sala Disciplinaria. Fallo de segunda instancia. Fecha: 23 de julio de 2004. Radicación: 161-2317 (014-101582-04). Disciplinada: GELEN ALCIRA PULGARÍN GONZÁLEZ. Quejoso: JOSÉ FRANCISCO BARBOSA ROJAS. Ponente: DORA ANAÍS CIFUENTES RAMÍREZ.