La Procuraduria absolvio a un exalcalde de Ipiales al no encontrar certeza sobre participacion politica indebida ni irregularidades contractuales. El fallo recuerda que la responsabilidad disciplinaria exige probar el uso del empleo publico y no puede derivarse automaticamente de actuaciones de terceros, contexto electoral o testimonios no corroborados.
La Viceprocuraduría confirmó la destitución e inhabilidad de un Mayor del Ejército por hechos relacionados con la masacre de La Cabuya. El fallo explica por qué las graves violaciones de derechos humanos trascienden la función militar y deben juzgarse bajo el régimen disciplinario ordinario.
La Procuraduría archivó la queja contra una Contralora ad hoc porque la inconformidad con el levantamiento de una suspensión provisional correspondía al control judicial de legalidad del acto administrativo. El caso delimita cuándo una discrepancia jurídica no basta, por sí sola, para activar responsabilidad disciplinaria.
La Procuraduria preciso que la sola contratacion con una entidad estatal no convierte al particular en sujeto disciplinable. Para activar la competencia disciplinaria se requiere ejercicio de funcion publica, administracion de recursos publicos, interventoria u otra habilitacion juridica concreta.
La Procuraduria nego la revocatoria directa de fallos sancionatorios contra integrantes del Consejo Academico de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. El caso muestra que el error de prohibicion solo excluye culpabilidad disciplinaria cuando era invencible y no podia superarse mediante una revision razonable de la regla funcional aplicable.
La Procuraduría sancionó con destitución, separación absoluta del Ejército Nacional e inhabilidad de cinco años al Coronel Orlando Hernando Pulido Rojas por su responsabilidad disciplinaria en los hechos de La Cabuya. El fallo analiza el alcance del mando militar, el ocultamiento de información operacional y la obstaculización de investigaciones en casos de graves violaciones de derechos humanos.
La Procuraduría General confirmó la sanción contra cinco funcionarios de la Secretaría de Tránsito de Bogotá por omitir señalización vial en un tramo peligroso. Tras un primer accidente mortal, los funcionarios no actuaron y ocho días después ocurrió un segundo accidente fatal. La omisión frente a un riesgo conocido fue calificada como falta gravísima a título de dolo.
La Viceprocuraduría General sancionó con multa e inhabilidad a 7 senadores y 24 representantes a la Cámara por recomendar personas para ser nombradas en la Contraloría General de la República entre 1998 y 1999. El fallo absolvió a 85 congresistas y declaró prescrita la acción contra 20 más. Las sanciones oscilaron entre 45 y 70 días de salario.
El ex Contralor General, el ex Vicecontralor y el ex Secretario Administrativo de la Contraloría fueron sancionados con multas de hasta $33.3 millones por aceptar y tramitar hojas de vida que congresistas les entregaron para nombramientos en provisionalidad. La Viceprocuraduría acreditó 591 nombramientos en 16 meses y declaró la conducta como falta grave a título de dolo.
La Procuraduria sanciono a un gobernador encargado por revocar directamente un acto administrativo particular sin consentimiento del titular ni tramite previo. La posible ilegalidad del acto no eliminaba el deber de garantizar el debido proceso.
