La Procuraduría confirmó la destitución e inhabilidad de un docente que presentó un diploma falso para posesionarse. El fallo explica cuándo la prueba trasladada desde un proceso penal puede valorarse en sede disciplinaria sin desconocer la autonomía entre acciones.
La Procuraduría revocó una suspensión disciplinaria porque el reproche no podía apoyarse solo en una discusión airada ni en una infracción formal del deber. El caso muestra que el ilícito disciplinario exige afectación sustancial de la función pública, valoración de culpabilidad y examen serio del contexto que rodea la conducta.
La Procuraduría archivó la indagación contra el alcalde de Pasto porque no encontró prueba de que hubiera intervenido en la promoción de una pariente por afinidad en EMPOPASTO. El caso muestra que el parentesco puede activar el control disciplinario, pero no basta para atribuir responsabilidad sin prueba de competencia, incidencia o participación decisoria.
La Procuraduría confirmó la destitución e inhabilidad de un Delegado del Registrador por intervención política durante el proceso electoral de 2002. La providencia explica que, en derecho disciplinario, ciertos tipos son de mera conducta y se consuman por la infracción del deber, sin exigir un resultado material equivalente al del derecho penal.
La Procuraduria absolvio a una Procuradora Judicial investigada por firmar una certificacion laboral en lugar del funcionario competente, al encontrar probada una situacion de inimputabilidad. El fallo recuerda que el derecho disciplinario es autonomo frente al penal, pero no puede sancionar sin culpabilidad.
La Procuraduria declaro el cese de procedimiento frente al Gobernador del Atlantico por la designacion de un alcalde presuntamente inhabilitado, al no encontrar dolo ni culpa en su conducta. El Auto diferencia la responsabilidad del nominador que actua desde una terna y sin conocimiento de la inhabilidad, de la eventual responsabilidad del posesionado que debe declarar y permitir verificar sus impedimentos.
La Procuraduría sancionó disciplinariamente a cinco miembros de la Armada por hechos relacionados con la masacre de Chengue. El fallo muestra que la omisión de decisiones de mando, la negativa de apoyo y la colaboración con grupos armados pueden configurar faltas gravísimas cuando afectan el deber funcional de protección.
La Procuraduria absolvio a un exalcalde de Ipiales al no encontrar certeza sobre participacion politica indebida ni irregularidades contractuales. El fallo recuerda que la responsabilidad disciplinaria exige probar el uso del empleo publico y no puede derivarse automaticamente de actuaciones de terceros, contexto electoral o testimonios no corroborados.
La Viceprocuraduría confirmó la destitución e inhabilidad de un Mayor del Ejército por hechos relacionados con la masacre de La Cabuya. El fallo explica por qué las graves violaciones de derechos humanos trascienden la función militar y deben juzgarse bajo el régimen disciplinario ordinario.
La Procuraduría archivó la queja contra una Contralora ad hoc porque la inconformidad con el levantamiento de una suspensión provisional correspondía al control judicial de legalidad del acto administrativo. El caso delimita cuándo una discrepancia jurídica no basta, por sí sola, para activar responsabilidad disciplinaria.
