En materia disciplinaria, la pregunta decisiva no es solo si el servidor público actuó de manera inconveniente, intensa o incluso reprochable en el plano de la convivencia laboral. La pregunta jurídica de fondo es otra: si esa conducta afectó de manera sustancial el deber funcional y, por esa vía, comprometió los fines de la función pública en un Estado Social de Derecho.

Esa distinción aparece con claridad en el Auto del 24 de junio de 2008, mediante el cual la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa resolvió una apelación dentro del expediente 074-4935-05. La actuación se originó en una discusión ocurrida en el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García”, después de que el jefe de nómina tachara un comunicado sindical y escribiera sobre él la expresión “FALSO”. Tres auxiliares de mantenimiento y servicios generales reclamaron por esa actuación. El reclamo escaló a una confrontación verbal y física, con versiones encontradas sobre quién inició la agresión.

La Procuraduría Regional del Valle del Cauca había sancionado a los disciplinados con suspensión e inhabilidad especial por treinta días. En apelación, la Delegada revocó esa decisión y absolvió a los implicados. La razón central no fue negar que hubiese existido un episodio conflictivo, sino exigir que el juicio disciplinario se mantuviera dentro de sus categorías propias: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad.

El Auto parte de una idea dogmática relevante: el derecho disciplinario no sanciona cualquier infracción formal del deber. Para que exista ilícito disciplinario se requiere un quebrantamiento sustancial. Dicho de otro modo, la conducta debe afectar la razón de ser del deber funcional, no apenas rozar su formulación externa. Por eso la providencia recuerda que, conforme a la jurisprudencia constitucional citada en la fuente, no basta demostrar el incumplimiento del deber, sino la afectación de los fines funcionales del Estado Social de Derecho.

Esta precisión es importante porque evita convertir la potestad disciplinaria en un mecanismo automático de castigo. Si el operador disciplinario se limita a identificar un comportamiento áspero, una discusión fuerte o una reacción emocional, pero no demuestra cómo ello lesionó la función administrativa, corre el riesgo de sancionar por mera apariencia de incorrección. La antijuridicidad disciplinaria exige algo más: la afectación sustancial del deber funcional.

El caso también muestra la importancia del contexto. El conflicto no surgió en abstracto. Se produjo porque un jefe de nómina intervino un comunicado sindical, lo tachó y objetó públicamente su contenido. Para la Delegada, esa actuación constituyó una arbitrariedad y una vía de hecho, en cuanto desconoció cauces institucionales como la concertación o la negociación. Esa premisa no convierte automáticamente en lícita cualquier respuesta de los trabajadores, pero sí impide analizar su conducta como si hubiera sido fría, preordenada o carente de provocación.

La apelación sostenía que los disciplinados habían actuado en defensa del derecho de asociación sindical, con excusable apasionamiento y vehemencia. La decisión no adopta sin matices esa versión, pues reconoce que hubo agresiones cruzadas y testimonios que daban cuenta de un enfrentamiento físico. Sin embargo, concluye que no era posible determinar con claridad quién inició o propició el comportamiento agresivo y que, ante el ataque, se produjo una reacción legítima y proporcional.

De allí deriva una consecuencia disciplinaria decisiva: la conducta se excluyó de responsabilidad con fundamento en el numeral 4 del artículo 28 de la Ley 734 de 2002. La providencia no reduce el análisis a la existencia material de empujones, golpes o palabras fuertes. Pregunta si, dentro de ese contexto concreto, la respuesta de los disciplinados podía ser atribuida culpablemente como falta disciplinaria. La respuesta fue negativa.

La culpabilidad cumple aquí una función de garantía. El Auto recuerda que la responsabilidad objetiva está proscrita en materia disciplinaria. No se responde por la sola causación de un resultado ni por la sola infracción externa de un deber. El operador debe valorar el vínculo entre la conducta realizada y la persona a quien se atribuye, dentro de las circunstancias verificadas en el expediente. Esa exigencia se conecta con la dignidad humana y con la estructura constitucional del Estado Social de Derecho.

También es relevante la regla probatoria que atraviesa la decisión. El artículo 129 de la Ley 734 de 2002 impone al operador disciplinario la búsqueda de la verdad real, lo cual supone investigar con igual rigor los hechos que demuestran la falta y aquellos que pueden excluirla o atenuarla. En este asunto, esa exigencia obligaba a valorar tanto las declaraciones que atribuían agresividad a los disciplinados como las pruebas sobre la lesión sufrida por John Fredy Rivera Herrera y la conducta previa del jefe de nómina frente al comunicado sindical.

La fuente revela, además, una tensión frecuente en la disciplina pública: los conflictos laborales y sindicales no pueden resolverse automáticamente por vía disciplinaria contra quienes reaccionan frente a una actuación que perciben como antisindical. El derecho de asociación sindical tiene protección constitucional y convencional. Por eso, cuando un conflicto se origina en la intervención arbitraria de una comunicación sindical, la autoridad disciplinaria debe cuidar que la sanción no termine desplazando el problema institucional de fondo.

Esto no significa que la protesta, el reclamo laboral o la defensa sindical habiliten la violencia. La decisión es más precisa: en un expediente disciplinario debe demostrarse cuál fue la conducta atribuible, cuál fue su modalidad subjetiva, cuál fue el contexto de provocación o reacción y, sobre todo, qué afectación funcional produjo. Si esa demostración falta, la sanción no se sostiene.

La Delegada también observó que no se probó el trauma o daño causado a la administración por el enfrentamiento. Este punto refuerza la tesis central. El ilícito disciplinario no se agota en afirmar que hubo una escena inconveniente dentro de una entidad pública. La administración debe explicar de qué manera esa conducta lesionó el servicio, la función, la confianza pública o los fines estatales comprometidos por el deber funcional.

En términos prácticos, el Auto deja una lección para operadores disciplinarios y defensores: el debate sobre la afectación sustancial no es una fórmula retórica para citar al final de la providencia. Es una carga argumentativa. Debe aparecer en la valoración de los hechos, en la lectura de la prueba, en el análisis del contexto y en la conclusión sobre responsabilidad.

Por eso, la revocatoria de la sanción no puede leerse como una autorización a los enfrentamientos físicos o verbales en el trabajo. Debe leerse como una exigencia de juridicidad: la potestad disciplinaria solo puede ejercerse cuando la conducta, además de típica y culpable, sea sustancialmente antijurídica. Sin esa demostración, el castigo disciplinario se convierte en una respuesta formalista frente a conflictos que requieren una lectura institucional más cuidadosa.

Fuente: Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa; Auto del 24 de junio de 2008; radicación 074-4935-05; Disciplinables: Javier Eduardo Ruiz Varela, Carlos Humberto Pérez Canizales y John Fredy Rivera Herrera.