La sanción disciplinaria no puede apoyarse en una norma derogada ni en un peritaje sin contradicción

Una decisión disciplinaria puede ser severa en su consecuencia y, al mismo tiempo, frágil en su construcción. Esa es la lección que deja la providencia de la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública del 3 de octubre de 2007, al revisar la sanción impuesta al entonces alcalde de San Vicente del Caguán, Néstor León Ramírez Valero. La primera instancia había declarado su responsabilidad disciplinaria y le había impuesto destitución e inhabilidad de veinte años. Sin embargo, al resolver la apelación, la Delegada no entró simplemente a confirmar o revocar el fallo: decretó la nulidad de la actuación desde la etapa de investigación.

El punto central no fue una discrepancia menor sobre el valor de un inmueble. La actuación se originó en información relacionada con un presunto menoscabo al presupuesto municipal por la adquisición de un lote destinado a la construcción del matadero. En ese contexto, la Procuraduría Regional reprochó al alcalde haber aceptado un avalúo privado y no acudir al procedimiento que, según la primera instancia, resultaba obligatorio para fijar el precio comercial del predio antes de la compraventa.

La segunda instancia encontró dos problemas de fondo. El primero fue jurídico: la imputación disciplinaria se había construido con apoyo en el artículo 17 del Decreto 855 de 1994, pese a que esa disposición había sido modificada expresamente por el artículo 27 del Decreto 2150 de 1995. El segundo fue probatorio: el avalúo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, utilizado como soporte relevante del reproche, no fue practicado con las garantías propias de una prueba pericial susceptible de contradicción efectiva.

La legalidad de la falta no es un requisito decorativo. En materia disciplinaria, la autoridad no puede formular cargos, juzgar y sancionar con base en una disposición que no corresponde a la ley preexistente al comportamiento imputado. La providencia lo conecta de manera directa con el artículo 29 de la Constitución Política: nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa. Si la norma usada para subsumir la conducta había sido subrogada, la imputación no solo era técnicamente imprecisa; afectaba el debido proceso del disciplinable.

Ese defecto tenía especial importancia porque el asunto dependía de precisar cuál era el régimen aplicable a los avalúos de inmuebles en actuaciones estatales. La primera instancia partió del artículo 17 del Decreto 855 de 1994. La Delegada recordó que esa regla había sido modificada por el artículo 27 del Decreto 2150 de 1995, norma que permitía que los avalúos fueran adelantados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por personas naturales o jurídicas privadas registradas y autorizadas por la lonja de propiedad raíz del lugar donde estuviera ubicado el bien. Esa diferencia normativa no era marginal: incidía directamente en la calificación jurídica del comportamiento reprochado.

Pero la nulidad no se agotó en la legalidad de la imputación. La decisión también examinó la forma como se había construido el soporte probatorio sobre el valor comercial del predio. La autoridad de segunda instancia advirtió que la prueba pericial solicitada al IGAC no había seguido las exigencias procesales invocadas en la providencia: no se elaboró el cuestionario correspondiente, no se explicaron adecuadamente las razones tenidas en cuenta para determinar el valor y no se corrió traslado al disciplinable y a su apoderado en los términos señalados por el artículo 254 del Código de Procedimiento Penal.

La consecuencia era grave. Si el avalúo servía para comparar el valor pagado por el predio y para sostener la existencia del reproche, no podía quedar como una pieza cerrada, inmune a la controversia de la defensa. La investigación integral exige buscar la verdad real con igual rigor frente a los hechos que comprometen y frente a los que pueden eximir de responsabilidad. Por eso, una prueba pericial decisiva debe permitir conocer su fuente, su método, sus razones y sus conclusiones, de modo que pueda ser discutida antes de que la sanción quede edificada sobre ella.

La providencia es cuidadosa en un punto: aunque la segunda instancia había intentado complementar la prueba antes de resolver la apelación, finalmente concluyó que esa corrección tardía no bastaba. No se trataba de añadir una pieza probatoria para cerrar un vacío menor, sino de reparar falencias que venían desde la investigación y que afectaban el derecho de defensa. Por eso ordenó retrotraer la actuación para que la primera instancia practicara debidamente la prueba pericial y formulara la imputación jurídica conforme a la ley vigente al momento de la conducta.

La enseñanza es relevante para la práctica disciplinaria. La nulidad no aparece aquí como un formalismo que sacrifica la eficacia de la administración. Opera como una garantía mínima de racionalidad sancionatoria. Antes de imponer una destitución e inhabilidad de veinte años, la autoridad debe asegurar que el cargo se construya con la norma aplicable y que la prueba central pueda ser controvertida oportunamente. Sin esas dos condiciones, la sanción queda expuesta a una falla estructural.

El caso también muestra que la prueba pericial no es solo un documento técnico agregado al expediente. Cuando su contenido permite afirmar que hubo o no un detrimento, una irregularidad contractual o una diferencia injustificada de precio, esa prueba se convierte en un eje de la imputación. Por ello debe cumplir una función procesal completa: informar, explicar, someterse a contradicción y permitir que la defensa discuta sus fundamentos.

En suma, la providencia articula dos garantías que suelen tratarse por separado: legalidad e investigación integral. La primera exige imputar con la norma vigente; la segunda exige probar con medios practicados de manera regular y controvertible. Cuando ambas fallan, la actuación no puede seguir avanzando hacia la sanción como si el defecto fuera subsanable al final. Debe volver al punto en que se rompió la garantía.

Fuente: Procuraduría General de la Nación; Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública; Auto de segunda instancia; 3 de octubre de 2007; expediente 077-2392-2004; Disciplinable: Néstor León Ramírez Valero.