La duda probatoria también protege al disciplinado en casos de retención y maltrato policial

La decisión disciplinaria no siempre coincide con la gravedad material de los hechos denunciados. Un caso puede mostrar una conducción policial, una permanencia breve en estación, una salida con hematoma y una atención hospitalaria posterior por traumas múltiples, y aun así terminar en absolución si el expediente no permite establecer, con la certeza exigida por la ley disciplinaria, que el investigado fue responsable de la falta atribuida.

El asunto se originó en la queja de Jhon Carlos Zorro Manrique por hechos ocurridos el 22 de agosto de 2004 en Flandes, Tolima. Según la fuente, el patrullero Luis Eduardo Barrera Barbosa condujo al quejoso desde el barrio Triana hasta la Estación de Policía de Flandes. El libro de población registró su ingreso a las 20:50 horas y su salida a las 21:15 horas, con una anotación según la cual salió con un hematoma en el brazo derecho. Una hora después, aproximadamente, fue atendido en el Hospital San Rafael de Girardot E.S.E., donde se dejaron consignados traumas múltiples y equimosis.

La gravedad del cuadro fáctico es evidente. Sin embargo, el proceso disciplinario no se resuelve únicamente a partir de la constatación de un hecho lesivo. La autoridad debía establecer si la conducción configuró una retención ilegal atribuible al patrullero y si los malos tratos físicos y morales podían imputársele como autor, partícipe, determinador o responsable disciplinario. Allí aparece la diferencia decisiva entre hecho acreditado e imputación personal.

Respecto de la conducción, el fallo reconstruyó el marco constitucional de la aprehensión preventiva gubernativa. La providencia recordó que el artículo 28 de la Constitución permite, bajo circunstancias estrictas, una privación material de la libertad sin orden judicial previa. Pero esa posibilidad no es una autorización abierta: exige motivos objetivos, necesidad, proporcionalidad, limitación temporal, reserva legal, control posterior y trato respetuoso de la dignidad humana.

En el caso concreto, el debate probatorio se concentró en un punto específico: si Zorro Manrique había exhibido o no un documento idóneo de identificación cuando fue requerido por segunda vez. El quejoso sostuvo que llevaba registro civil de nacimiento; el patrullero afirmó que estaba indocumentado y que por eso lo condujo a la estación para verificar su identidad y entregarlo a un familiar responsable. La Procuraduría encontró elementos que respaldaban la conducción y el ingreso a la estación, pero no certeza suficiente para afirmar que el quejoso sí había presentado el documento en ese momento.

Esa falta de certeza fue determinante. La Delegada no desconoció que la retención ocurrió, ni que el ciudadano salió de la estación con una lesión registrada. Lo que sostuvo fue que, frente a la imputación disciplinaria concreta por retención ilegal, existía una duda insalvable sobre la justificación inicial de la conducción. En un proceso sancionatorio, esa duda no puede resolverse contra el disciplinado.

El segundo cargo, relativo a torturas o malos tratos, exigía una verificación todavía más delicada. El quejoso relató golpes, ejercicios forzosos, agua fría y patadas dentro de la estación. Pero al mismo tiempo indicó que el patrullero Barrera Barbosa lo había conducido y dejado allí, sin poder precisar si permaneció en el lugar ni identificar a quienes lo agredieron. La providencia concluyó que no existía prueba suficiente para atribuir al investigado la autoría, participación, orden o determinación de esos malos tratos.

Este punto es especialmente importante para el derecho disciplinario. La existencia de lesiones bajo custodia policial plantea una preocupación institucional intensa y exige investigación seria. Pero la responsabilidad disciplinaria sigue siendo personal. No basta con demostrar que una persona fue conducida por un servidor público y que luego sufrió agresiones en una dependencia estatal. Es necesario probar el vínculo de imputación entre el servidor investigado y la conducta reprochada.

Por eso el fallo acudió al in dubio pro disciplinado. La presunción de inocencia, recogida en el artículo 29 de la Constitución y desarrollada por la Ley 734 de 2002, impone que toda duda razonable e insuperable se resuelva a favor del investigado. La providencia también recordó el artículo 142 de la Ley 734, conforme al cual no puede proferirse fallo sancionatorio sin prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y la responsabilidad del investigado.

La enseñanza del caso no consiste en minimizar la gravedad de una retención ni de unos posibles malos tratos en estación de policía. Tampoco en convertir la conducción preventiva en una potestad sin límites. Al contrario, el fallo muestra que el control disciplinario de actuaciones policiales requiere dos exigencias simultáneas: tomar en serio los hechos que comprometen derechos fundamentales y, a la vez, respetar el estándar probatorio que impide sancionar sin certeza sobre la responsabilidad personal.

Esta doble exigencia es incómoda, pero necesaria. Si el derecho disciplinario renuncia a investigar lesiones ocurridas bajo custodia, debilita la protección de la dignidad humana y el control del poder policial. Pero si sanciona sin probar autoría, participación u orden, debilita la presunción de inocencia y transforma la potestad disciplinaria en un mecanismo de responsabilidad objetiva.

En consecuencia, el valor doctrinal de esta providencia está en recordar que la certeza disciplinaria no puede ser sustituida por la sospecha, la gravedad del resultado o la necesidad institucional de responder ante un hecho reprochable. La Administración puede y debe investigar con rigor; pero solo puede sancionar cuando el expediente demuestra, de manera suficiente, la falta y la responsabilidad del disciplinado.

Fuente: Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos; Fallo de primera instancia; 27 de enero de 2009; radicación 008-116780-2004; Disciplinado: Patrullero Luis Eduardo Barrera Barbosa; Quejoso: Jhon Carlos Zorro Manrique.